WASHINGTON .- El presidente Barack Obama anunció el
jueves un paquete de medidas que concederán estatus legal a casi la mitad de
los 11 millones de inmigrantes no autorizados, en lo que será el principal
ajuste a la política migratoria estadounidense en cerca de tres décadas.
Obama describió
sus acciones como un enfoque sensato porque "la amnistía masiva sería
injusta" y "la deportación masiva sería a imposible".
El mandatario
dirigió una frase concisa a los republicanos que lo critican: "aprueben un
proyecto de ley" y alegó que la negativa de la mayoría republicana en la
cámara baja a votar un proyecto de ley migratoria aprobada por el Senado en
2013 causa un gran perjuicio a la nación.
Las medidas
"no permiten la naturalización, ni dan el derecho a permanecer aquí
permanentemente, ni conceden los beneficios que los ciudadanos
(estadounidenses) reciben. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que
estamos diciendo es que no vamos a deportarte", indicó durante un discurso
transmitido en directo por la página web de la Casa Blanca.
Dos altos
funcionarios del gobierno estadounidense, quienes solicitaron anonimato para
explicar las medidas antes de su anuncio formal, dijeron que hasta cuatro
millones de personas podrían congelar su deportación y obtener permiso de
trabajo válido por dos años si logran demostrar permanencia en Estados Unidos
durante cinco años, la existencia de hijos estadounidenses o residentes
permanentes y si se someten a una revisión de antecedentes criminales.
Los
funcionarios enfatizaron que no será hasta el segundo trimestre de 2015 cuando
el Departamento de Seguridad Nacional comenzará a recibir solicitudes, las
cuales tendrán un costo de 465 dólares.
Quienes resulten amparados por las recientes medidas
migratorias podrán optar a permisos de trabajo renovables cada dos años, por lo
que deberán pagar impuestos sobre los ingresos que perciban.
La Casa
Blanca ya había suspendido en 2012 las deportaciones de cerca de 600.000
inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran
niños.
Alrededor de
300.000 personas más podrán obtener ahora el estatus legal temporal gracias a
que este programa (conocido por sus siglas en inglés como DACA) eliminará el
requisito de 30 años como edad máxima.
Además,
expandirá la fecha permitida de ingreso a Estados Unidos desde junio del 2007 a
enero del 2010.
Los
funcionarios explicaron que los padres de este grupo, conocidos en Estados
Unidos como "dreamers", harán parte de las aproximadamente cinco
millones de personas excluidas del amparo migratorio presidencial.
Otra modificación importante girará alrededor del
programa Comunidades Seguras, que involucra a los policías locales en la
aplicación de las leyes de inmigración.
Los
funcionarios señalaron que las policías locales seguirán notificando a las
autoridades migratorias cuando arresten a un inmigrante sin autorización, pero
que de ahora en adelante el Departamento de Seguridad Nacional solo procederá a
iniciar su proceso de deportación sólo de quienes hayan cometido delitos graves
o numerosos delitos menores, actos terroristas, pertenezcan a pandillas o
representen una amenaza a la seguridad del país.
También será
prioritaria la deportación de quienes ingresaron este año ilegalmente a Estados
Unidos, incluyendo a las decenas de miles de menores centroamericanos que
llegaron a la frontera sur a mediados de año sin que los acompañara un adulto.
Otras medidas incluirán facilitar la obtención de visas
de trabajo a quienes hayan cursado carreras tecnológicas en universidades estadounidenses
y la reunificación de familiar de ciudadanos estadounidenses y residentes
permanentes con cónyuges e hijos.
Se reducirán
además los requisitos para obtener una exención a un apartado de la ley
migratoria vigente, el cual obliga a permanecer una década fuera de Estados
Unidos a quienes gestionan una residencia permanente tras haber ingresado al
país sin autorización.
Los
legisladores republicanos respondieron de manera inmediata y agresiva a las
intenciones de Obama. El próximo presidente del bloque mayoritario en el
Senado, el republicano Mitch McConnell, advirtió que el "Congreso tomará
medidas" para detenerlo.
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